Una inspección realizada meses atrás por agentes del organismo recaudador permitió comprobar que allí habría una decena de trabajadores no registrados, con jornadas de hasta 13 horas diarias y salarios “en negro” equivalentes al 50 por ciento de lo que establecen los convenios colectivos para esa actividad.
Según constancias del expediente, el propietario de esos talleres, Felipe Mamani, no está inscripto como empleador en la AFIP.
La mayoría de la Sala IV sostuvo que los hechos denunciados como objeto de investigación podrían configurar el delito de evasión previsional y afectar la integridad de los recursos de la seguridad social.
Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky evaluaron, además, que la actuación de un fiscal no impide que también un organismo, en este caso la AFIP, sea parte en el proceso.
En disidencia, el camarista Juan Carlos Gemignani sostuvo que la AFIP carece del “interés directo” que es requisito para actuar como querellante y votó por el rechazo a que sea tenida como tal.
