El fallo fue apelado por la fiscal y ahora está siendo analizado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.
El hecho ocurrió el pasado 10 de abril en uno de los andenes de la estación de ferrocarril de Munro, en el partido de Vicente López.
Según la acusación fiscal, el policía Iván Jorge Luis Velázquez, numerario de la comisaría de Balneario -la 5ta. de Vicente López-, discutió con su pareja, quien será identificada sólo por sus iniciales G.P.A., y comenzó a amenazarla, tras lo cual extrajo su arma reglamentaria provista por la fuerza.
Velázquez le apuntó a su mujer y llegó a efectuar dos disparos hacia arriba con la pistola calibre 9 milímetros marca Taurus.
A la estación llegó personal policial que intentó tranquilizar a Velázquez pero el policía continuó con las amenazas a su mujer y el arma en su cintura un tiempo hasta que lograron que se entregue.
La fiscal Osores Soler calificó la causa como “abuso de armas, amenazas calificadas por el uso de arma y resistencia a la autoridad, en concurso real” y le solicitó al juez la conversión de la aprehensión en detención ya que con esa carátula la pena podría llegar a los siete años de prisión.
Pero según fuentes judiciales, en su resolución, el juez Martínez consideró que “no se reúnen los requisitos para que concurra el delito de abuso de armas”, al señalar que “de las constancias surgidas del expediente emerge con claridad que el aquí imputado habría descerrajado al menos dos disparos de arma de fuego hacia 'arriba'”.
El juez también le llamó la atención a la fiscal y le envió copias de las actuaciones al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, para que evalúe su actuación en el expediente.
También el magistrado envió copias del sumario a la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, desde donde dispusieron pasar a disponibilidad preventiva al policía Velázquez, mientras tramite su causa.
En su apelación a la Cámara, la fiscal Osores Soler sostiene que al liberar al imputado “la situación de amenaza que azota a la víctima no fue neutralizada con la debida protección urgente y preventiva”.
La representante del Ministerio Público también agregó al escrito una copia de una denuncia previa a este episodio que G.P.A. realizó por amenazas hacia su pareja, para demostrar que el policía está en una “escalada”.
La fiscal también menciona en su apelación la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención “Belém do Pará”) y acusa al juez de actuar con arbitrariedad.
Ahora serán los camaristas Ernesto García Maañón, Duilio Cámpora y Oscar Quintana, los que deben definir si le dan la razón a la fiscal y vuelven a detener al policía o si avalan lo decidido por el juez Martínez.
